Intervención en el I Foro de Innovación Pública. Mesa sobre “Administración Digital y Transparencia”

¿Qué es el Consorci AOC y qué hace?

El Consorci AOC es un organismo público participado por la Generalitat de Catalunya y por las administraciones locales a través del Consorci Localret. Ofrecemos servicios a unos 2250 organismos públicos de Cataluña: todo el sector público de la Generalitat, las entidades locales, universidades y otras empresas públicas. Nuestra misión es impulsar la transformación digital de las administraciones catalanas para conseguir unos gobiernos abiertos, eficientes y transparentes. Y tenemos cuatro líneas estratégicas de actuación: los servicios compartidos (en la nube), la interconexión de las administraciones (interoperabilidad y trámites interadministrativos), la identidad digital y la gestión del cambio.

¿Las Leyes 39 y 40 son realmente una oportunidad para mejorar los servicios a los ciudadanos, generar ahorros importantes y mejorar la eficiencia?

Sin duda alguna son una gran oportunidad de mejora. La ley 11/2007 supuso un gran avance para la administración electrónica y ahora las leyes 39 y 40 son un nuevo e importante impulso promoviendo la aplicación de las mejores prácticas de administración digital de estos últimos años.

Hay tres beneficios claros que implican las nuevas leyes, en tres ámbitos diferentes:

  • “Regalar” tiempo a los ciudadanos. Lo que valora más el ciudadano es su tiempo: todas las encuestas nos dicen que a los ciudadanos les molesta enormemente perder su tiempo, especialmente si se trata de hacer tareas burocráticas que no comprenden que valor aportan y que ya realizan de forma electrónica en muchos otros sectores (compra de entradas, reserva de billetes de viaje, etc). Cada simple trámite que un ciudadano realiza presencialmente con una administración implica una dedicación de tiempo mínima de una hora (incluyendo desplazamientos, tiempos de espera y de tramitación) que podemos “regalar” a los ciudadanos.
  • Reducir los costes de gestión administrativa. Según un estudio muy detallado que hemos realizado en el Consorci AOC, realizar un trámite presencialmente (por ejemplo, presentar una instancia) supone un coste total para el ciudadano y la administración de 18€. Enviar por correo postal una notificación cuesta 15€, una factura 12€ o realizar un trámite entre administraciones 16€. Todos estos costes se reducen a una pequeña fracción si se realizan electrónicamente. Las nuevas leyes 39 y 40 impulsan de forma decidida la cultura de la administración “digital por defecto” para conseguir todos los importantes ahorros que ello supone y, por lo tanto, son una gran oportunidad para que los presupuestos públicos puedan tener más recursos para los servicios esenciales, tan necesarios ahora mismo en el contexto de grave crisis económica.
  • La tramitación ágil impulsa la dinamización económica: para los emprendedores o las nuevas empresas no es lo mismo que el tiempo de gestión de los trámites para iniciar una actividad sea de un día a que sea de seis meses. Esperar seis meses supone para el emprendedor un grave coste de oportunidad ante la competencia, pero también un coste económico de una inversión o un alquiler que no se puede rentabilizar de forma inmediata. Poder realizar los trámites electrónicamente, en cualquier momento y lugar, promoviendo las modalidades de régimen de comunicación y declaración responsable que permiten iniciar la actividad el mismo de día de su presentación, supone un impulso a la dinamización económica. Según el último informe “The Global Competitiveness Report 2016” del World Economic Forum, España está en la cola de los países del mundo en relación a las facilidades que da la Administración para el inicio de las actividades económicas, concretamente en la posición 113 de 138. Este dato merecería un debate profundo.

¿Una administración con pocos recursos puede implantar la administración digital con la ayuda de las administraciones supramunicipales y no “morir” en el intento?

Si, no hay excusa.  No es fácil, pero si hay compromiso, voluntad y liderazgo se puede conseguir. Estas leyes son muy ambiciosas y complejas de aplicar, pero las administraciones públicas tienen la suerte de que los diferentes servicios que ofrecen las Diputaciones, el Consorci AOC (en Catalunya) y el MINHAP (en España) ofrecen un conjunto de herramientas que permiten dar cumplimiento a la mayoría de los retos que suponen.

Una de las dificultades radica en la integración tecnológica de las diversas soluciones. En este sentido hay aplicaciones de mercado que están haciendo importantes esfuerzos para integrar las diferentes soluciones y facilitar la gestión de los diferentes sistemas de información.

Pero la dificultad principal no es tecnológica, es de gestión del cambio. En este sentido en el Consorci AOC proponemos dos actuaciones básicas:

Primero, realizar un plan de implantación gradual en función del punto de partida, concretamente del nivel de madurez de administración digital de la organización, comenzando por los servicios digitales que suponen un esfuerzo menor, pero que aportan mucho valor a los ciudadanos, y en la mejora de la eficiencia interna y evolucionando gradualmente hacia los servicios más complejos. Si no se han hecho los deberes de la Ley 11/2007 no se puede plantear ahora querer cumplirlo todo de golpe porque no es realista, ni viable.

Segundo, desde el Consorci AOC proponemos un modelo organizativo de gestión de cambio que llamamos e-SET y que tenemos publicado mediante una licencia abierta de Creative Commons. Este modelo impulsa la transformación digital de las organizaciones a través de un proceso interno de cambio que implica la implantación de un método de trabajo y la gestión de las personas (formación, acompañamiento, soporte, etc), y ya está probado con éxito en más de 50 administraciones locales de tamaño pequeño y mediano de Cataluña.

¿La Administració Pública se cree realmente que estamos en un proceso de revolución digital y que el futuro será digital, o no será?

Yo creo que rotundamente no. En otros sectores (banca, automóvil, turismo, etc) hay una enorme inquietud por los cambios que está provocando la revolución digital, implicando una profunda transformación de modelos de negocio y haciendo desparecer muchas empresas y creando muchas otras.

En general, en las administraciones públicas no se percibe una sensación de urgencia de tomar decisiones para dar respuesta contundente a esta revolución, más allá de las declaraciones de intenciones bienintencionadas.

El sector público tiene encima de la mesa dos retos. Uno a corto plazo que es dar cumplimiento a las Leyes 39 y 40, muy ambiciosas y que impulsarán sin duda la administración digital. Pero hay un segundo reto, mucho más complejo, que es el de repensar a fondo la administración pública y los servicios que se prestan y cómo se prestan para dar respuesta a esta revolución digital y una sociedad dónde las nuevas generaciones de nativos digitales están acostumbradas un mundo hiperconectado, digital y de resultados inmediatos.

Porque no es un disparate aventurar que, si la administración pública no es capaz de dar respuesta a estos retos, pueden aparecer otro tipo de organizaciones que sí que lo hagan y que a medio plazo substituyan algunos servicios prestados tradicionalmente por la Administración.